En el marco del conflicto por el espacio público en la unidad turística fiscal, el viernes pasado se montó un operativo con presencia policial, judicial y municipal.

El conflicto por el espacio público y el cumplimiento de la ordenanza a través de la cual la empresa Rivan se hizo con la explotación comercial del balneario Manantiales continúa y el viernes pasado vecinos de la zona se hicieron presentes en la unidad turística fiscal en el marco de una actuación judicial que constó de un desalojo “fallido” sobre espacios que más allá de su apertura a la comunidad no permanecen ocupados. No obstante, vecinos aseguran que, además, impidieron que la firma avance en el alambrado de espacios “recuperados” por la asamblea vecinal Luna Roja, a la espera de que se cumpla con el pliego, uno de los puntos de desacuerdo al respecto.

Luego de una serie de audiencias de conciliación sin acuerdo, este viernes estaba previsto según lo dispuesto por el Juzgado Civil y Comercial N°1 un intento de “desalojo” del espacio abierto por los vecinos ante los incumplimientos del pliego de bases y condiciones a través del cual la empresa ostenta la explotación hasta 2031 y según el cual debe “mantener durante todo el año la totalidad de las áreas de esparcimiento, instalaciones y equipamiento destinado al uso público en perfectas condiciones de uso, siendo su responsabilidad evitar precariedades tanto en cerramientos temporales de áreas no utilizadas como en la limpieza y mantenimiento del sector concesionado”.

Ese punto, es solo uno de los puntos de conflicto considerando la investigación abierta por la contaminación y la apropiación de la rivera, en paralelo a los cuestionamientos a los funcionarios públicos municipales encargados justamente de controlar el cumplimiento de la Ordenanza N°21.524 a través de la cual Rival obtuvo la concesión del espacio para montar el balneario Manantiales Club de Mar.

“En el pliego el concesionario se comprometió a mantener la unidad con una gestión como parque público, con una zonificación para áreas y actividades recreativas para cubrir la demanda de los barrios colindantes”, explicó Kanki, uno de los vecinos que se manifestó en el lugar junto a un grupo de vecinos este viernes en paralelo a un despliegue policial, judicial y municipal. 

En vista de esos incumplimientos y como parte de las negociaciones, la empresa propuso ceder al Obispado el edificio del lugar y la “incorporación de la cancha de fútbol existente en dicho sector para un uso público gratuito en favor de la comunidad, el que podrá ser gestionado por alguna organización de bien público que oportunamente se designe”, aunque los vecinos advierten que la propuesta sigue incluyendo el cercado del perímetro impidiendo su acceso universal.

“El Municipio no está garantizando lo que las ordenanzas han dispuesto, que es que el balneario debe tener acceso irrestricto durante los 12 meses a las instalaciones de uso público que no se reducen solamente a una bajada pública: en el caso de Manantiales tiene que tener una propuesta de 12 meses con baños y juegos infantiles públicos”, reiteró.

“El Municipio de General Pueyrredon no está garantizando lo que las ordenanzas han dispuesto, que es que el balneario debe tener acceso irrestricto durante los 12 meses a las instalaciones de uso público que no se reducen solamente a una bajada pública: en el caso de Manantiales tiene que tener una propuesta de 12 meses con baños y juegos infantiles públicos”, reiteró.

“Hemos realizado pedidos de acceso a la información pública al Emturyc desde hace cuatro años. Ninguno fue respondido. Sabemos que es el primer paso para la participación ciudadana y negar la información sobre todo de carácter ambiental infringe derechos constitucionales por lo cual hemos presentado un recurso de amparo”, agregó el asambleísta. (Fuente quedigital.com)