Para el abogado Martín Ferrá nada relaciona a los detenidos con las investigaciones que originaron la causa. Piden la devolución de los rodados secuestrados.

El abogado que representa a cuatro de los detenidos el pasado 9 de septiembre en el marco de la causa denominada “Lavado total” apeló el rechazo a la excarcelación solicitada y sostuvo que el Juez interviniente tiene un “criterio inexplicable, errático y contradictorio”. Para Martín Ferrá extender la detención de los miembros de la comunidad gitana demuestra “una actitud abusiva”.

Además de los cuatro detenidos, Ferrá representa a otras tres personas cuyos domicilios fueron allanados por disposición de la Justicia Federal. En los más de treinta allanamientos realizados, secuestraron más de 200 automóviles, camionetas, camiones, cuatriciclos y una lancha. Los detenidos fueron imputados del delito de tenencia ilegitima de arma de uso civil ya que en las viviendas hallaron escopetas y algunas armas de puño.

En declaraciones al programa radial Causa Abierta, el abogado sostuvo que no hay relación alguna entre sus defendidos y las causas precedentes que motivaron la investigación. “Se prentende inflar una relación que no existe porque el Juez se remite a tres causas que ocurrieron en febrero de 2013 –Mariscal-, 2014 y 2015 –Marea Verde– y toda la documentación secuestrada corresponde a compras y ventas de rodados datados de 2010 para atrás”, explicó.

“No hay prueba que relacione a mis defendidos con alguna compra o venta de autos, droga o cualquier operación comercial con Mariscal. La única relación es la que mantenía con el prófugo “Coco” Esteban, pero las personas allanadas y detenidas no tenían ninguna relación con él”, agregó.

El abogado también consideró abusivo que se mantenga la detención de sus defendidos ya que el delito imputado tiene competencia provincial, es excarcelable –tiene una pena en expectativa de seis meses a dos años de prisión- y en causas anteriores ya había declinado su competencia. “En esta oportunidad retuvo la causa para dejarlos detenidos, una actitud abusiva lejana de una resolución justa”, dijo.

En otro tramo de la entrevista el abogado sostuvo que toda la investigación tiene un nombre de fantasía que pusieron desde el Ministerio para hacer propaganda. A su entender se intenta relacionar a más de dos mil familias gitanas radicadas hace cincuenta años en la ciudad que nada tiene que ver con el narcotráfico y el lavado de dinero.

“La comunidad gitana se dedica a la compra venta de auto de manera muy informal en sus domicilios, algunos sin habilitación municipal, por lo quepodría llegar a haber una una causa de evasión impositiva que no tiene que ver con el lavado del dinero”, por lo que solicitó la devolución de los rodados o que queden con custodia en algún depósito y se los retire del playón de Punta Mogotes.//Fuente y fot:0223.com.ar