Presentará un recurso de amparo basado en el “derecho constitucional a la salud integral” contra las diez droguerías que operan en el rubro, a las que acusa de tener “una actitud ilegal y arbitraria”.

Semanas atrás se anunció que las droguerías dejarían de entregar medicamentos durante los fines de semana y feriados. Aunque el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires pidió la intervención en el asunto y se hicieron oír varios reclamos, en las últimas semanas la resolución adoptada por la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales comenzó a generar fuertes impactos en la población.

Desde el sábado 7 de noviembre, la sostenida falta de medicamentos que se registra en las farmacias como consecuencia de ese cambio de modalidad en las entregas de días no laborables, motivó una nueva intervención de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que anunció su presentación ante la Justicia con un recurso de amparo para que se respete el derecho constitucional a la salud integral.

La entidad exige que se ordene a las firmas a revertir la situación y, por otro lado, que el ministerio de Salud bonaerense promueva las reformas legislativas que fueran necesarias tendientes a garantizar la provisión de medicamentos tal como venía ocurriendo hasta que se desató esta nueva etapa.

La medida del organismo que conduce Enrique Marcelo Honores, sostenida luego de que el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia pidiera su intervención, está dirigida a las droguerías Del Sud; Suizo Argentina; Cofaloza; Acofar Cooperativa Farmacéutica; Monroe Americana; Asoprofarma; 20 de Junio; Sur; Pico y Kellerhof.

La Defensoría entiende que las droguerías llevaron adelante esta determinación en forma unilateral e inconsulta. Desde los sábados por la tarde, han dejado de proveer medicamentos a las farmacias. Por tal motivo, Honores expresó que el escenario “genera una amenaza vinculada con la posibilidad de que la población se vea impedida de acceder a un bien social como son los medicamentos, lo que genera un severo ataque al derecho a la salud y a la vida”.

“Esta actitud ilegal y arbitraria ataca derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia de salud y derechos humanos, en relación a la peligrosa la actitud de las droguerías demandadas y la autoridad del Ministerio a la hora de intervenir en la cuestión”, razonó el funcionario.

Por último, la Defensoría aclara que “existe un consenso en cuanto a que el medicamento es un bien social, antes que un bien de consumo, en la medida en que su uso incrementó la expectativa y calidad de vida de la población”.//0223.com.ar