Es el balneario Luna Roja, en Chapadmalal, que construyó cabañas en zona no permitida por la legislación vigente. El escrito es de la Autoridad del Agua bonaerense, que ahora deberá resolver las sanciones. La asamblea que hizo la denuncia originante del escrito plante que deben retirarse porque atacan el hábitat.

La Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires emitió dos  dictámenes en relación a la denuncia realizada por la Asamblea Luna Roja que nuclea a vecinos de Chapadmalal por la apropiación y daño ambiental que la concesionaria EJC S.A. hace a partir de las construcciones del balneario Luna Roja en Playa Bonita, de la localidad lindera a Mar del Plata.

Las mismas fueron emplazadas en 2007 a 120 metros del mar, cuando la legislación vigente desde 1998 establece un límite de 150 metros. La distancia puede llegar a ser mayor aún en caso que haya médanos y cadenas de médanos. Se trata del artículo 142º de la Lay Nº 12.257.

El dictamen presentado le da la razón a la asamblea que hizo las denuncias en 2021 y 2022 y establece que las obras de Luna Roja no cumplen con la normativa vigente. A partir de este escrito, la Autoridad del Agua deberá emitir una resolución al respecto.

En 2022 la firma pagó 873.600 pesos en concepto de canon a la Municipalidad de General Pueyrredón por la explotación de ese balneario. En noviembre pasado tuvieron que pagar una multa de 218.400 pesos en concepto de una multa tras la explosión de una cámara séptica que arrojó líquidos cloacales al arroyo Lobería que desemboca en el mar.

En diálogo con Canal Abierto, Kanki Alonso, integrante de la Asamblea Luna Roja expuso que “ahora lo más importante es saber que estas construcciones que fueron ilegales y fueron emplazadas en un sector de playa pública de Chapadmalal con permisos de obra que dio la Municipalidad. O sea que los que permitieron la construcción y además el usufructo económico que generan estas construcciones ilegales en la costa y dieron permiso para hacer estas obras ilegales son funcionarios que infringieron la obligación que tienen que es hacer cumplir la ley”.

En relación a las consecuencias que esto debería traer cuando la Autoridad del Agua emita resolución, planteó que “si uno tiene un emplazamiento ilegal que además da una renta privilegiada, lo más lógico es que por lo menos haya una clausura de esa actividad económica porque es una actividad económica basada en una ilegalidad. Además se tendría que ver de qué manera se recompone el ambiente afectado y dañado”.

Alonso contó que “estas cabañas tenían un vuelco de cloaca a la playa pública disimuladas con un cañaveral y unas cosas y hubo un allanamiento en enero del 2020 por la Policía Ecológica y la Autoridad del Agua y por inspecciones municipales y se clausuró por once meses el balneario”. A partir de entonces, la concecionaria bordeó la zona de las cabañas con alambrado impidiendo el acceso a la playa por esa zona”.

“Entonces lo que queda de manifiesto es que el ambiente no soporta la carga de sistemas de tratamiento de agua sanitarios, porque no lo soporta el propio suelo y la cantidad de usuarios. Entonces lo que tenemos que ver es que hay una dimensión ambiental que nos está diciendo que hay que recomponer el ambiente. Esas cabañas no se pueden emplazar ahí porque hay una ley que las prohíbe”, planteó Alonso.

Y remarcó que “por otro lado, generaron riesgo cierto. De hecho, el titular de la empresa EJC está con un pedido de elevatorio a juicio penal por infracción al artículo 200 del Código Penal. Entonces hay claramente un delito ambiental, un delito contra la salubridad pública y una pérdida del estado natural de la playa. Entonces la solución es sacar las cabañas y hacer cumplir lo que dice la ley general de ambiente que aquel que dañe o genere un menoscabo ambiental está obligado a recomponerlo”.

“En este caso hay dos sujetos obligados a recomponer: por un lado el privado, pero por otro lado el más comprometido es la propia municipalidad que permitió por haber autorizado algo que es ilegal”, concluyó. (Fuente https://canalabierto.com.ar/)