Apuntan al ministro y otros funcionarios de Energía porque la suba benefició a empresas en las que trabajaron.
Diputados del bloque Frente Renovador elaboraron un demoledor informe sobre la resolución del Ministerio de Energía que dispuso el tarifazo en el gas, donde además de denunciar que no se cumplieron los pasos legales para aplicar el aumento, también dan cuenta que todos los funcionarios involucrados en la decisión fueron ejecutivos en empresas beneficiadas.
El trabajo al que accedió LPO -que todavía no se hizo público- pone en duda la legalidad de la Resolución 28/16 del Ministerio de Energía, al sostener que las leyes citadas en el texto (la 17.319 y la Ley de Ministerios) no otorgan facultades a esa cartera para “determinar el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte”, uno de los componentes que se aumentaron, junto con el transporte y la distribución.
“Las facultades que habilitarían al dictado de la Resolución 28/16 no se citan en la medida como hubiera correspondido porque simplemente no existen. No hay habilitación legal que le permita al Ministerio de Energía y Minería resolver lo determinado en dicha medida”, señala el informe, que agrega que “tampoco se han realizado los debidos procedimientos de consulta e información a los usuarios”, ya que no hubo audiencias públicas.
Al respecto, el informe afirma que el Enargas en las resoluciones particulares argumenta que en su momento se realizaron audiencias públicas para tratar los llamados “acuerdos marcos” con las distribuidoras, pero “se limitaron a tratar SOLAMENTE los componentes transporte y distribución, no se trató el tema del gas natural”. Además, advierte que pasaron casi 10 años de su realización y por lo tanto no son aplicables.
Fuentes del Ministerio de Energía dijeron a LPO que las audiencias públicas que se realizaron entre 2005 y 2007 sí tienen validez legal, de acuerdo al análisis que realizaron los responsables legales de la cartera. Agregaron que no hay hasta ahora ninguna decisión judicial que contradiga esa posición, y adelantaron que en los próximos meses habrá audiencias públicas en el marco de la Revisión Tarifaria Integral.
Incompatibilidades
Además del incumplimiento de los pasos legales para aplicar el tarifazo, en el informe se denuncia como “muy grave” las incompatibilidades de los funcionarios que tomaron la medida, ya que muchos de ellos trabajaron hasta hace poco tiempo en las empresas que resultaron beneficiadas.
“Todos los funcionarios involucrados en la cadena de decisiones de estas medidas cumplieron funciones en el sector beneficiado por las mismas”, indica el informe, señalando antes que nadie al ministro Juan José Aranguren, que trabajó en Shell hasta el año pasado.
El trabajo recuerda que el propio Aranguren admitió ante la Oficina Anticorrupción que todavía posee acciones en Shell, “compañía que tiene intereses en la producción de petróleo y gas natural”. El ministro ya había tenido problemas por este tema la semana pasada, cuando se reveló que esa firma ganó siete de ocho licitaciones para la importación de gasoil. El funcionario pidió a la OA que investigue si tuvo alguna participación en el proceso.
Asimismo, la denuncia de los diputados massistas apunta al secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, que fue directivo de PAE hasta su asunción en el Gobierno; al interventor del Enargas, David Tezanos, que fue Director de Ventas de Gas Natural de YPF y Presidente del Directorio de Metrogas hasta el año pasado; y al subinterventor del Enargas, Daniel Perrone, que fue directivo de Transportista de Gas del Sur.
“La pertenencia de los funcionarios a las empresas beneficiadas es preocupante por sí pero se agrava si tenemos en cuenta la cadena de acontecimientos: el Estado no tiene facultades para fijar precios del gas en boca de pozo, los ajustes de tarifas se hacen sin Audiencia Pública, no se sabe cómo se llega a los valores determinados, los valores determinados posicionan a los productores recibiendo un valor por el gas en boca de pozo superior al que se recibe en cualquier otro lugar del mundo, los funcionarios que tomaron la decisión TODOS provienen del sector beneficiado, el impacto sobre el presupuesto familiar es desmesurado, las empresas beneficiadas bajan inversiones y en el sector se pierden empleos”, dispara el informe de los diputados, en el párrafo más duro.
Consultados los voceros del ministro sobre esta denuncia, señalaron que Aranguren se excusa de firmar cualquier resolución que tenga que ver con Shell, tal como establece la Ley de Ética Pública en los artículos 13 y 15. Lo mismo argumentaron para el caso de los otros funcionarios mencionados en el informe. Afirmaron, además, que el paso por empresas privadas no les impide cumplir algún rol en la función pública, si se ajustan a lo establecido por esa normativa.
El gas más caro del mundo
El trabajo indica que “no se hizo público ni se menciona en la Resolución en cuestión un estudio o un análisis que justifique los precios del gas natural determinados”, pero estima que en promedio es del orden de los 5 dólares por millón de BTU. “Hoy no se conoce mercado en el mundo en el cual un productor en boca de pozo” reciba ese valor, sostiene el informe.
“Teniendo en cuenta lo que ocurre con el petróleo donde se fija un valor de casi el doble al internacional y lo que ahora ocurre con el gas natural, se concluye que tenemos el valor de hidrocarburos más alto del mundo a nivel producción”, cuestionan los diputados. Para peor, se pagan esos valores “sin un informe o evaluación pública que lo justifique”, y tampoco hubo una reducción significativa de los subsidios.
“No existe razón fundada alguna que justifique los precios del gas natural que se han fijado. Por ejemplo, si se toma en cuenta un tipo de cambio de $ 14,60, un usuario denominado R34, muy común en el interior de la provincia de Buenos Aires, pagará poco menos de US$ 7,70” el millón de BTU.
“Este precio del gas natural de U$S 7,70 representa aproximadamente tres veces más de lo que cuesta el gas en Estados Unidos, está muy por encima del gas importado de Bolivia que está ingresando aproximadamente a U$S 4 y también es notoriamente más alto que los aproximadamente US$ 7,5 que cuesta el Gas Natural Licuado puesto en Escobar y Bahía Blanca ya regasificado”, continúa el informe.
“La información dada a conocer es inexistente, pero los resultados finales dejan percibir con claridad y concluir que estos números son demasiado alarmantes”, concluye. (Fuente lapoliticaonline)
