La gobernadora limitará el aporte estatal a docentes que no cumplan con “las previsiones legales del sistema”. La quita será asumida por el empleador, que deberá cumplir con el salario o despedirlo.

El plan de ajuste del gobierno que encabeza Mauricio Macri ya tiene su correlato en el territorio bonaerense. Aunque el proceso está en plena definición, las primeras líneas de recortes comenzaron a mostrarse. A la revisación de los aportes destinados al juego, a la obra pública, se suma el análisis de las subvenciones otorgadas por el Estado provincial. Y es en los colegios privados donde María Eugenia Vidal encontró un nicho para motorizar un ahorro, en momentos en que aún no se cerró la paritaria del sector.

“Se han detectado casos que resultan inconsistentes con las previsiones legales del sistema”, señala el comunicado nº 127 de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), enviado a los colegios privados de la provincia de Buenos Aires el viernes 18 de mayo. En la misiva, donde la cartera que conduce el ministro Gabriel Sánchez Zinny apela al articulado de la ley de educación, se recuerda que los docentes privados con subvención estatal tienen las mismas obligaciones con el Estado que los docentes que cumplen funciones en las escuelas públicas; por lo que les anticipan que habrá una quita del aporte oficial a aquellos docentes que no cumplan con la normativa.

Tal como ocurrió con la aplicación del inciso C de los artículos 109 y 110 del Estatuto Docente – que implicaba el cese de educadores provisionales y suplentes que no contaran con título habilitante –, donde la administración vidalista apeló al cumplimiento de la normativa que no se respetaba, ahora obliga a los docentes a ajustarse al alcance de los artículos “135, 146 y 147 y concordantes de la ley provincial de educación nº 13688”, que, entre otras especificidades, dan cuenta de que “los docentes de establecimientos educativos de gestión privada tendrán las mismas obligaciones, se ajustarán a las mismas incompatibilidades y gozarán de los derechos establecidos para el personal de los Establecimientos educativos de Gestión Estatal, sin perjuicio de las disposiciones de la presente Ley, y en la medida en que sean compatibles con la naturaleza de la relación de empleo privado, obligaciones y derechos nacidos de la legislación laboral vigente y la negociación colectiva del sector”.

En ese marco, el comunicado de la DIEGEP indica que en los próximos sueldos se darán de baja los aportes estatales para los directivos que tengan a cargo horas en el mismo establecimiento; para los docentes jubilados que continúen en actividad y para los docentes que tenga más de 20 horas.

“Tal inconsistencia, analizada en el marco de la supervisión de la correcta utilización del beneficio estatal, obliga a proceder a pasar a condición ‘sin aporte estatal’ a aquéllos DNI que se encuentran en los supuestos arriba mencionados”, remarca el comunicado y advierte que “el Representante Legal de los Establecimientos involucrados cuenta con la posibilidad de presentar la documentación que avale el ingreso del DNI en el sistema en situaciones de revista aparentemente contradictorias, y en tales casos podrá revertirse la medida con efecto retroactivo”.

La medida obliga a los colegios, empleadores reales de los educadores, a hacerse cargo de la situación salarial de los afectados por la medida, escenario que podría derivar en despidos de personal o un aumento más pronunciado de las cuotas de los alumnos.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) rechazó la posibilidad de que los dueños de las instituciones respondan a la medida del gobierno provincial con despidos. “El responsable es el empleador y deberá hacerse cargo de esta situación”, señaló a al portal Letra P Inés Busso, secretaria adjunta del gremio.

“No nos confundamos: dicho aporte (estatal) nada tiene que ver con nuestro trabajo docente, con nuestra condición de trabajadores dependientes de un empleador privado, que se rige por el derecho laboral”, señaló el gremio hace una semanas mediante un comunicado en el que daba cuenta de decisiones de los dueños del colegios apelando a recortes en los subsidios.

La medida, que se dio a conocer el pasado viernes 18 de mayo, se toma en momentos en que el Gobierno bonaerense tiene paralizada la negación salarial con el sector. En ese marco, este miércoles los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), entre los que se encuentra SADOP, concentrarán en Plaza de Mayo para concluir la Marcha Federal Educativa, que reclama la apertura de la paritaria nacional y por una nueva ley de financiamiento educativo. En el caso bonaerense, el sector comenzó la medida de fuerza el martes, al cumplirse un mes de la última negociación salarial con el gobierno de María Eugenia Vidal. (fuente letrap.com)